Juicios contra las ART en alerta: proyectan casi 138.000 nuevas demandas en 2026 y crece la preocupación del mercado asegurador

La litigiosidad vinculada al sistema de Riesgos del Trabajo vuelve a encender las alarmas del mercado asegurador argentino. Según datos difundidos por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), durante los primeros siete meses de 2026 se registraron 72.525 nuevas demandas y, de mantenerse la tendencia, el año podría cerrar con alrededor de 137.800 nuevos juicios contra las ART.

La cifra adquiere mayor relevancia al observar lo ocurrido durante 2025: ese año terminó con 134.141 nuevos juicios, un 6,4% por encima de los 126.055 registrados en 2024. Es decir que, lejos de mostrar una reducción significativa, 2026 podría establecer un nuevo máximo.

Conviene hacer una aclaración importante: cuando se habla en este contexto de "juicios laborales", los datos corresponden específicamente a demandas relacionadas con el Sistema de Riesgos del Trabajo y las ART, y no a la totalidad de los conflictos judiciales laborales existentes en Argentina.

Más de 11.000 nuevas demandas por mes

Durante julio ingresaron 7.814 nuevos juicios, una cifra menor a la de junio que estuvo influenciada por la feria judicial. Sin embargo, la medición móvil de los últimos doce meses se mantiene alrededor de 135.400 notificaciones, con un ritmo superior a las 11.000 nuevas causas mensuales.

El problema no es solamente la cantidad de expedientes, sino la relación entre litigiosidad y trabajadores cubiertos.

Durante 2025 se registraron 132,8 juicios cada 10.000 trabajadores, según datos de la UART. La cámara sostiene que el nivel argentino resulta excepcionalmente alto frente a otros sistemas: Chile registra 5,8 demandas cada 10.000 trabajadores y España 8,5.

Santa Fe se convierte en uno de los principales focos

La situación tampoco es igual en todo el país.

La provincia de Buenos Aires continúa liderando en cantidad absoluta: registró 2.805 nuevos juicios solamente durante julio y acumula 28.666 demandas entre enero y julio de 2026.

Pero uno de los casos que más preocupa es Santa Fe. Allí ingresaron 1.525 demandas durante julio, un 20,7% más que un año atrás, mientras que en los primeros siete meses se acumularon 12.150 causas, con un crecimiento interanual del 18%.

La diferencia resulta todavía más clara al medir la litigiosidad sobre la cantidad de trabajadores: la proyección santafesina alcanza 349 juicios cada 10.000 trabajadores, frente a un promedio nacional estimado en 138 para 2026.

Precisamente Santa Fe aprobó este año modificaciones a su procedimiento laboral que contemplan la intervención de un Cuerpo Especializado de Profesionales del Poder Judicial, buscando mayor uniformidad y previsibilidad en las pericias. Sin embargo, por ahora los números todavía no muestran una reducción de las demandas.

Menos accidentes, pero más juicios: la paradoja que preocupa al sistema

Este es posiblemente el punto más llamativo del escenario actual.

La propia Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) informó que durante 2025 se denunciaron 729.212 accidentes y enfermedades profesionales, de los cuales el 87,5% fueron resueltos dentro del propio sistema, sin necesidad de llegar a instancia judicial.

Además, según la SRT, las mejoras acumuladas en prevención, control y condiciones laborales permitieron evitar desde 1997 millones de accidentes y miles de fallecimientos.

Sin embargo, la litigiosidad continúa creciendo.

Desde la UART sostienen que esta diferencia demuestra que una parte importante del problema no se encuentra en la siniestralidad sino en la etapa judicial, particularmente en los criterios utilizados para determinar incapacidades y en el funcionamiento de las pericias.

La SRT también puso el foco sobre este punto y estimó que los sobrecostos asociados a la litigiosidad superan los US$2.000 millones, señalando a las pericias como uno de los factores centrales que deberían corregirse.

El impacto sobre las ART y, finalmente, sobre las empresas

Para el mercado asegurador, semejante cantidad de demandas no representa solamente un problema judicial.

Las ART deben constituir reservas para afrontar los litigios existentes y contemplar esa exposición al momento de determinar el costo de las coberturas. Por eso, una judicialización persistentemente elevada termina afectando la estructura económica del sistema y puede trasladarse al costo que pagan los empleadores.

La UART llegó a estimar a comienzos de 2026 que absorber el crecimiento de la litigiosidad podría requerir, bajo sus cálculos, llevar la alícuota promedio desde aproximadamente el 2,85% hasta el 5,15% de la masa salarial, un incremento cercano al 80%. Se trata de una estimación de la cámara aseguradora y no de un aumento efectivamente dispuesto para todo el mercado, pero permite dimensionar el impacto económico que el sector atribuye al fenómeno.

La reforma laboral intenta cambiar las reglas

El escenario comenzó a modificarse este año con la sanción de la Ley de Modernización Laboral 27.802, publicada en marzo de 2026.

Entre otros cambios vinculados al sistema judicial laboral, la nueva legislación establece que los honorarios de los peritos médicos y psicólogos deben determinarse en función de la relevancia, calidad y extensión del trabajo realizado, independientemente del monto del juicio o de la gravedad de la incapacidad determinada.

El objetivo es eliminar incentivos económicos que puedan relacionar directamente el honorario del profesional con el monto de la indemnización.

A esto se suma la actualización del Baremo Laboral mediante el Decreto 549/2025, destinada a establecer parámetros más uniformes para determinar incapacidades. La SRT viene impulsando además la creación de cuerpos de peritos oficiales en distintas jurisdicciones.

Un reciente fallo de la Corte también pone límites

Otro elemento importante apareció el 6 de agosto de 2026, cuando la Corte Suprema intervino en la causa “Pagani, Sergio Leandro Emanuel c/ Provincia ART S.A.”.

En ese expediente, la ART había apelado una sentencia, mientras que el trabajador no lo había hecho. Sin embargo, la Cámara terminó incrementando de oficio la indemnización, dejando a la aseguradora que había recurrido en una situación económica peor.

La Corte dejó sin efecto esa decisión al considerar que se había vulnerado el principio de reformatio in peius, que impide perjudicar al único apelante cuando la contraparte no recurrió el fallo.

Aunque se trata fundamentalmente de un precedente procesal y no de una solución general a la litigiosidad, dentro del sector asegurador fue recibido como una señal favorable para otorgar mayor previsibilidad a las decisiones judiciales.

Un problema que excede a las aseguradoras

El debate no debería reducirse a una disputa entre trabajadores y compañías de seguros.

El sistema de Riesgos del Trabajo debe garantizar que todo trabajador que sufra un accidente o enfermedad profesional reciba atención y una reparación adecuada, incluyendo el derecho a recurrir a la Justicia cuando exista una controversia legítima.

Al mismo tiempo, una judicialización excesiva o imprevisible termina generando mayores reservas y costos para las ART, que pueden repercutir sobre las empresas y, en última instancia, sobre el costo del empleo formal.

Con una proyección cercana a 138.000 nuevos juicios para 2026, el desafío pasa entonces por encontrar un equilibrio: garantizar plenamente los derechos de los trabajadores que realmente necesitan una reparación, pero lograr al mismo tiempo criterios médicos y judiciales más uniformes que otorguen previsibilidad al sistema.

Las nuevas reglas sobre pericias, el Baremo actualizado, las reformas provinciales y los recientes criterios de la Corte Suprema apuntan en esa dirección. La gran incógnita será si esas modificaciones comienzan finalmente a reflejarse en los números durante los próximos meses o si 2026 terminará marcando un nuevo récord de litigiosidad para las ART argentinas.