Desarmaderos tendrán 60 días para regularizar miles de autopartes: por qué la medida también importa al mercado asegurador

La decisión fue instrumentada mediante la Disposición 217/2026 de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios, publicada el 4 de septiembre en el Boletín Oficial.

Aunque a primera vista puede parecer una modificación exclusivamente vinculada con los desarmaderos, la medida tiene una relación mucho más cercana con el mercado asegurador automotor, especialmente en los casos de destrucción total, recupero de vehículos y comercialización legal de autopartes usadas.

Más de 23.000 autopartes quedaron sin posibilidad de comercializarse

El problema no es menor.

Según surge de los propios fundamentos de la disposición, la Cámara de Recuperadores y Venta de Autopartes (CARVA) informó la existencia de más de 700 trámites de baja con recuperación de piezas que permanecían sin finalizar.

En conjunto representarían aproximadamente 23.000 autopartes que actualmente no pueden ser comercializadas legalmente.

El inconveniente se produjo principalmente durante la transición hacia el nuevo sistema digital para tramitar las bajas.

Cuando los desarmaderos no completaban dentro del plazo correspondiente la identificación de las piezas recuperables y el envío de la documentación exigida, caducaban los elementos identificatorios asignados a esas autopartes.

Como consecuencia, piezas que podían tener un origen perfectamente legítimo quedaban imposibilitadas de volver al circuito comercial.

La nueva disposición busca solucionar excepcionalmente esa situación.

¿Quiénes podrán aprovechar los 60 días?

No se trata de una reapertura general para cualquier trámite antiguo.

La medida alcanza específicamente a las bajas con recuperación de piezas inscriptas con posterioridad al 31 de marzo de 2021 en las que hubiera vencido el plazo correspondiente sin que el desarmadero presentara la planilla necesaria.

Esos establecimientos dispondrán ahora de 60 días para completar correctamente el procedimiento.

El plazo comenzó a correr desde la entrada en vigencia de la disposición, publicada el 4 de septiembre.

¿Qué tiene que ver esto con las compañías de seguros?

Mucho más de lo que podría parecer.

Una parte de los vehículos que terminan dentro del circuito de desarme proviene precisamente de siniestros automotores declarados como destrucción total.

Cuando una compañía indemniza una destrucción total, la legislación argentina establece procedimientos específicos respecto de la baja del vehículo y del eventual recupero de sus piezas.

Actualmente, el Decreto 744/2004 —modificado durante 2025— establece expresamente que, antes de pagar una indemnización correspondiente a un siniestro calificado como destrucción total o daño total, la aseguradora debe exigir al asegurado el Certificado de Baja y Desarme cuando exista recupero de piezas.

En los casos de robo o hurto total, por su parte, debe requerirse la correspondiente denuncia de sustracción inscripta registralmente.

Existe incluso otro supuesto directamente relacionado con las aseguradoras: cuando la compañía pasa a ser titular registral de un vehículo recuperado luego de haber indemnizado el robo y ese automóvil aparece en condiciones que impiden su utilización, también debe tramitarse la baja con recuperación de piezas.

Por eso, la correcta administración de este circuito no es un asunto ajeno a las aseguradoras.

El verdadero tema de fondo: saber de dónde viene cada repuesto

Más allá de los 60 días extraordinarios, probablemente el aspecto más interesante para el seguro sea la trazabilidad de las autopartes.

El sistema actual apunta a que cada pieza reutilizable proveniente de un vehículo dado de baja pueda ser identificada mediante un código y vinculada con el automóvil del cual proviene.

Los desarmaderos registrados deben documentar digitalmente tanto el ingreso de los vehículos como el posterior egreso de las piezas recuperables.

Los vendedores de repuestos usados también deben registrar sus movimientos y vincular las piezas comercializadas con los correspondientes comprobantes de compra y venta.

La intención es relativamente sencilla: que una autoparte usada pueda demostrar su origen legal.

Y allí aparece una relación directa con uno de los problemas históricos del seguro automotor argentino.

Autopartes ilegales, robo de vehículos y seguros: un círculo que no debería ignorarse

El mercado ilegal de repuestos y el robo automotor están estrechamente relacionados.

Un vehículo robado no necesariamente es sustraído para volver a circular completo. En determinados casos, su verdadero valor para el delincuente está en desarmarlo y comercializar sus componentes individualmente.

Motor, puertas, ópticas, paragolpes, capot, módulos electrónicos y numerosas piezas pueden tener un importante valor de reventa.

Por eso, cuanto más sencillo resulte introducir piezas de origen desconocido dentro del mercado, mayor espacio existe para que funcione un circuito paralelo de autopartes.

Para las aseguradoras esto representa un problema por partida doble.

Por un lado están los robos totales, que pueden terminar en indemnizaciones por el valor completo del vehículo.

Por otro aparecen los robos parciales, donde se sustraen ruedas, ópticas, espejos u otros componentes que luego deben ser repuestos por la compañía cuando se encuentran cubiertos.

En definitiva, parte de aquello que las aseguradoras pagan como siniestro puede alimentar indirectamente la demanda de las mismas piezas que posteriormente vuelven a ser robadas si el mercado ilegal no es adecuadamente controlado.

Por eso la trazabilidad no debería considerarse únicamente una cuestión administrativa.

También es una herramienta de prevención del fraude y del delito relacionado con el automóvil.

23.000 piezas legales que podrían volver al mercado

Existe además otro aspecto interesante.

Si los más de 700 trámites pendientes logran regularizarse, aproximadamente 23.000 autopartes de origen identificado podrían volver al circuito comercial legal.

Esto podría tener un efecto positivo sobre la disponibilidad de determinados repuestos usados.

Y la disponibilidad y el costo de las piezas son variables particularmente sensibles para las aseguradoras.

Cuando un automóvil sufre un daño parcial, el costo final del siniestro depende en buena medida de la reparación: repuestos, disponibilidad de piezas, mano de obra y tiempos de inmovilización.

Sin embargo, que una pieza usada tenga origen legal no significa automáticamente que pueda o deba utilizarse en cualquier reparación cubierta por un seguro.

La seguridad del vehículo, las condiciones de póliza, el tipo de componente, la calidad y las normas aplicables continúan siendo determinantes.

La normativa también pone el foco sobre las reparaciones de siniestros parciales

Existe un punto especialmente interesante dentro del régimen de desarmaderos que pocas veces se menciona.

El Decreto 744/2004 establece que la Superintendencia de Seguros de la Nación debe impulsar medidas para que, cuando corresponda indemnizar daños parciales, las aseguradoras asuman por sí mismas o mediante terceros habilitados la reparación de los vehículos, precisamente con el objetivo de evitar la adquisición de repuestos cuyo origen legítimo no pueda comprobarse.

Es decir que la relación entre reparación asegurada, procedencia de las autopartes y lucha contra el mercado ilegal está contemplada desde hace años dentro de la propia normativa.

La digitalización y trazabilidad implementadas posteriormente profundizan esa lógica.

Un cambio administrativo con impacto mucho más amplio

Los 60 días extraordinarios otorgados a los desarmaderos buscan solucionar un problema concreto surgido durante la transición entre el procedimiento anterior y el nuevo esquema digital.

Pero detrás de esos 700 expedientes existe una discusión mucho más importante para el mercado automotor.

¿Cómo garantizar que cada repuesto usado que vuelve a circular tenga un origen verificable?

Para las compañías de seguros y los Productores Asesores, la cuestión no debería resultar indiferente.

El robo de vehículos y autopartes representa uno de los riesgos que históricamente impactan sobre la siniestralidad automotor. Cuanto mayor sea la capacidad de identificar el origen de las piezas comercializadas y menor el espacio disponible para los desarmaderos clandestinos, más difícil será transformar un vehículo robado en dinero mediante la venta de sus componentes.

La Disposición 217/2026, entonces, puede parecer simplemente un plazo administrativo de 60 días.

Pero las 23.000 piezas que podrían regularizarse representan algo bastante más importante: la posibilidad de incorporar repuestos al mercado formal con un origen identificado y trazable.

Para el seguro automotor argentino, donde el robo total, el robo parcial y el costo de las reparaciones terminan reflejándose tarde o temprano en la siniestralidad y en las tarifas que pagan los asegurados, fortalecer ese circuito legal es una cuestión que merece atención.