Procesan por estafa y asociación ilícita a los miembros de una aseguradora

Son dos abogados -entre ellos uno de los dueños de la empresa- y un empleado de Liderar, que contactaban a víctimas de siniestros de tránsito y acordaban pagarles indemnizaciones menores. No solo pasaban por encima de sus abogados particulares, sino que lograban que las cifras fueron mucho más bajas que lo que, en algunos casos, ya había dictaminado la Justicia.

Actualidad17/07/2025MARCIA  LUNAMARCIA LUNA
liderar

Dos abogados y un empleado de la empresa Liderar fueron procesados por estafa y asociación ilícita, acusados de contactar a víctimas de siniestros de tránsito y acordar el pago de indemnizaciones menores a las que, en algunos casos, ya había dictaminado la Justicia en contra de la misma aseguradora.
Se trata de los letrados Franco Ortolano (79) y María Magdalena Forquera (60), además de José Buccioni (71), quienes negaron las imputaciones.
Para cada uno se les trabó un embargo de $ 60.000.000. Ortolano era señalado como cabeza del grupo Liderar Seguros. En 2018 se dictó la liquidación forzosa de Liderar ART por numerosas irregularidades.

El caso es investigado por el fiscal nacional en lo Criminal y Correccional N° 28, Patricio Lugones, y el juez nacional en lo Criminal y Correccional N° 48, Javier Sánchez Sarmiento.
El fallo, al que tuvo acceso Clarín, dispuso el procesamiento -sin prisión preventiva- de los tres imputados y el sobreseimiento de Hernán Alberto de las Carreras (63), otro empleado de la compañía de seguros.

Se los consideró coautores del delito de "estafa en grado de tentativa, en concurso real con asociación ilícita en calidad de miembros".
La investigación se realizó por nueve hechos en los que los acusados contactaron a víctimas que habían demandado a la empresa por lesiones en accidentes de tránsito.
En uno de ellos se comprobó que defraudaron a un hombre "al haberse abusado de su estado de necesidad y urgencia económica y al haberlo engañado diciéndole que su abogado lo estaba perjudicando en sus intereses para que así acceda a firmar un convenio en perjuicio de sus intereses respecto de los daños y perjuicios reclamados".

No solo "puentearon" al abogado del demandante, sino que acordaron pagarle una indemnización de 1.600.000 pesos, cuando la aseguradora ya había sido condenada en primera instancia a abonar 5.140.000 pesos más costas e intereses, en una sentencia que había sido apelada.
A este cliente "le hicieron firmar una carta documento revocando el mandato de su letrado para ser patrocinado por una abogada de la aseguradora, de modo de evitar poner en riesgo el provecho obtenido".
Para la Justicia, no se concretó la estafa en los otros ocho hechos investigados sólo porque las personas contactadas se comunicaron con sus abogados, que accionaron legalmente contra Liderar.
Por qué la "asociación ilícita"
Por ello, en el procesamiento, el juez Sánchez Sarmiento consideró que Ortolano, Forquera y Buccioni conformaron "una asociación ilícita para cometer una cantidad indeterminada de defraudaciones".
En su descargo, la abogada dijo que trabajó en la compañía hasta 2022 2022 "porque quería ejercer la profesión de manera independiente" y negó conocer a los demandantes.

Ortolano, a su turno, negó ser el presidente de Liderar, donde dijo que se desempeñaba desde hacía 25 años, como abogado apoderado, como también haber estafado a alguien.
Precisó que la empresa "tiene a su cargo 2.000 o 3.000 causas" de este tipo que "evidentemente hay cosas que se le pudieron haber escapado".
Además, advirtió que Liderar "paga entre 3 mil y 5 mil millones de pesos mensuales por siniestro" y denunció que "estas causas son fabricadas para extorsionar a la compañía".
La "industria del juicio"
En un escrito, se quejó de la "industria del juicio" que, según su visión, "realizan abogados ante accidentes de tránsito prometiendo a clientes indemnizaciones excesivas e indebidas", por lo cual "era una práctica frecuente el acuerdo extrajudicial durante la espera de una sentencia definitiva".
Por su parte, Buccioni aseguró que cumplía tareas administrativas y remarcó que "no hubo engaños ni mentiras" con uno de los clientes, sino que "se le ofreció una cantidad conciliatoria que él aceptó".

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